El Poder Ejecutivo nacional envió al Senado de la Nación un proyecto de ley que propone modificaciones al sistema de discapacidad vigente en Argentina. Presentado oficialmente como una iniciativa para combatir el fraude en las pensiones por invalidez, el texto introduce cambios de fondo que van bastante más allá del control: afecta las pensiones no contributivas, transforma el sistema de prestaciones y redefine cómo se financia la discapacidad en el país.

Un proyecto con dos ejes

La iniciativa impacta en dos grandes dimensiones. Por un lado, establece nuevas reglas para acceder y mantener la pensión por invalidez. Por el otro, y de manera más profunda según especialistas en el tema, modifica el nomenclador: el sistema que regula las prestaciones de discapacidad y que hoy funciona como piso mínimo de referencia para obras sociales, prepagas y el Estado.

En materia de pensiones, el proyecto incorpora la incompatibilidad con el trabajo formal. Es decir, de aprobarse, una persona no podría percibir una pensión por invalidez y tener empleo registrado al mismo tiempo. Esta disposición es señalada por organizaciones de discapacidad como un factor que podría desalentar la inclusión laboral, uno de los objetivos centrales de las políticas de este sector.

El texto también habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada en los cruces de datos: primero se suspende el beneficio, y recién después se revisa el caso. Eso implica que personas que dependen de esos ingresos para vivir podrían quedarse sin el cobro de manera inmediata, antes de que se determine si efectivamente hay una irregularidad.

El cambio más profundo: el nomenclador

El punto que genera mayor preocupación entre quienes siguen la política de discapacidad es la modificación del nomenclador. Actualmente, este instrumento fija valores de referencia para las prestaciones, ordena el sistema y establece un piso común que vale para todos los financiadores, sean obras sociales, prepagas o el Estado nacional.
El proyecto propone eliminar ese piso universal. En su lugar, cada financiador pasaría a definir cuánto paga por cada prestación de manera independiente. Esto significa que una persona podría recibir coberturas muy distintas según la obra social o provincia en la que esté afiliada, generando desigualdad territorial y abriendo la puerta a una presión sostenida a la baja en los valores de las prestaciones.

Sin un nomenclador común, además, cada caso tendría que negociarse individualmente, lo que complica el acceso a la justicia: los jueces perderían un parámetro claro para determinar cuánto corresponde pagar, y podrían dictarse sentencias diferentes ante situaciones similares.

«Juego de conceptos»

El proyecto se presenta públicamente como una herramienta para evitar irregularidades en el sistema. Sin embargo, sus efectos concretos exceden esa declaración: modifica quién puede acceder a las prestaciones, cuánto se paga por ellas y cómo se toman esas decisiones. Las posibles consecuencias identificadas incluyen diferencias según obra social o provincia, mayor dificultad para sostener prestaciones, y un incremento en los conflictos y reclamos judiciales.

El debate legislativo sobre esta norma será central para miles de personas con discapacidad y sus familias en todo el territorio nacional.